La Provincia de Buenos Aires planifica el futuro de la política portuaria. ¿Una oportunidad para el sistema portuario de Entre Ríos?

El gobierno de Axel Kiciloff creó el Consejo Portuario Provincial, un ente público en el cual se coordinarán y planificarán las políticas y acciones sobre puertos de la provincia. Buenos Aires, con puertos sobre el río Paraná y el Río de la Plata y el Mar Argentino, lidera una visión de largo plazo en materia de desarrollo de vías navegables enteramente soberanas. Entre Ríos, por su parte, enfrenta una oportunidad histórica, la incorporación del Paraná Guazú como parte de la Vía Navegable Troncal desde 2021, próxima a licitar, principal vía fluvial de Sudamérica.

La creación del Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires. 

El Ministerio de Producción bonaerense instituyó el Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires, mediante la Resolución 29/2025. El Consejo depende de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, autoridad portuaria provincial, área que tiene a su cargo la formulación y ejecución de las políticas y acciones sobre puertos, obras e inversiones portuarias bonaerenses.

El Consejo Portuario bonaerense tiene como objetivos constituir una instancia de asesoramiento al Poder Ejecutivo provincial, por medio de la participación de actores del sector portuario, la logística y las obras de infraestructura y expertos, a fin de analizar y planificar la política portuaria. Asimismo, este ámbito está integrado por las representaciones de los puertos públicos provinciales y privados comerciales e industriales de la provincia de Buenos Aires veintisiete (27) puertos en total-, terminales a través de las cuales se transporta gran parte de la producción de la República Argentina.

Las funciones del Consejo, por su parte, se orientan al desarrollo de propuestas sobre la logística y el desarrollo de los puertos bonaerenses, el asesoramiento a las autoridades en materia de la actividad portuaria y los servicios relacionados con ella para mejorar el transporte en general, la generación de actividades de formación y capacitación para los actores portuarios y la comunidad y la generación de espacios de encuentro e intercambio de información sobre el sistema portuario y logístico.

La decisión de establecer un mecanismo de encuentro sectorial en materia portuaria y logística en la provincia de Buenos Aires es auspiciosa considerando la necesidad de generar espacios de coordinación de experiencias y de asesoramiento en cuanto a posibles políticas públicas en la materia. Pareciera ser una necesidad aquella de tener una mirada más amplia y de largo plazo sobre lo que el presente y el futuro de los puertos están enfrentando.

La provincia de Buenos Aires, por su parte, lidera desde hace años una visión política que propone integrar las vías navegables fluviales y marítimas de la República Argentina desde la posición de un país bicontinental, desde el norte formoseño a los puertos del Sector Antártico Argentino, uniendo a los ríos nacionales y el Mar Argentino con el Canal de Navegación Magdalena en el Río de la Plata. Seguramente, esta experiencia del Consejo Portuario bonaerense pueda aportar a otras experiencias públicas de coordinación y fomento de políticas en materia de puertos y transporte en general.

La situación de Entre Ríos.

La provincia de Entre Ríos cuenta desde 2006 con la Ley provincial 9.750, norma que regula la actividad portuaria tras la transferencia de los puertos nacionales de 1991. Por su parte, el Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos -IPPER-, es el organismo de aplicación del régimen portuario, y tiene responsabilidades administrativas, como la autorización del funcionamiento de los puertos entrerrianos.

La ley 9.750 regula la actividad de puertos públicos y privados en la provincia, al mismo tiempo que establece el régimen portuario entrerriano, entre sus funciones de encuentra la facultad de “autorización, administración, explotación, operación, modificación, construcción o remodelación, supervisión y control de los puertos públicos provinciales, públicos cedidos en su uso a los municipios locales o mixtos  en su conformación; creados o a crearse dentro del ámbito territorial de la Provincia de Entre Ríos” (Ley 9.750, Artículo 5°) y a lo concerniente a la autorización provincial de puertos privados. Sin embargo, esta norma no contempla una dimensión relacionada con el planeamiento provincial de la política portuaria y su vínculo con actores del sector y, acaso, otros ámbitos más amplios, como la infraestructura vial, ferroviaria, las ciudades, entre otros.

Si bien la ley establece que el IPPER debe asesorar al Gobernador y funcionarios sobre la política portuaria de la provincia, de la región y su vínculo con la política nacional de puertos, el sistema portuario no se encuentra integrado en instancias de participación comunes de intercambio de experiencias de gestión y de formulación de lineamientos y acciones para planificar los puertos y la logística en el mediano y largo plazo. 

En el ámbito de las administraciones portuarias -los cuatro entes autárquicos de la provincia, Concepción del Uruguay, La Paz-Marquez, Diamante e Ibicuy- existe una instancia participativa de asesoramiento, los Consejos Consultivos, cuyas funciones son la de asesorar al Consejo de Administración del Ente sobre políticas portuarias y de administración, una instancia de consulta permanente y de análisis de las acciones decididas por la conducción del puerto. Estos se integran por organismos o entidades del sector portuario, públicos o privados, mediante representantes debidamente designados y con carácter ad honorem; sin embargo, el funcionamiento de los Consejos Consultivos dependen de la decisión del Consejo de Administración de cada puerto, no se encuentran establecidos de manera permanente, dependen de una decisión política de cada administración portuaria (Ley 9.750, Artículo 27).

La política portuaria de Entre Ríos advierte, en principio, una falencia en la ausencia de una conducción centralizada desde el nivel provincial, fortalecida por un planeamiento de mediano y largo plazo, que no se percibe por parte de la presente gestión política, aún en el discurso oficial de sus máximos funcionarios. En definitiva, cada ente autárquico define y allana por sí mismo oportunidades de empleo de la infraestructura portuaria, dónde el organismo central pareciera ser una instancia de visado de las acciones que cada ente produce: es un sistema atomizado en cada puerto, sin coordinación provincial. El sector privado, por su parte, se maneja por sus propios carriles e intereses, cuando seguramente una presencia estatal para observar mejoras en infraestructura de caminos y rutas, optimización de las vías férreas o una eficiente conectividad energética pudiera otorgar ventajas que son propias de los puertos entrerrianos para las próximas décadas.

Entre Ríos, la provincia y su pueblo, especialmente enfrenta una novedad en materia de vías navegables y sus puertos, la incorporación desde el 30 de Junio de 2021 del río Paraná Guazú a la Vía Navegable Troncal argentina suma a la provincia a la red principal de navegación, la cual se encuentran en proceso de licitación pública para su mantenimiento y modernización, dándole una perspectiva de crecimiento de la capacidad logística de los puertos en la provincia. Puede ser una necesidad imperiosa la oportunidad de generar espacios de consulta y participación que reúnan al Estado, los entes y puertos privados, empresas, gremios, municipios y a la sociedad para planificar un cúmulo de ventajas que abre está auspiciosa oportunidad.

Planificar lo que viene, sumando voces e integrando sectores.

El planeamiento de políticas y acciones de mediano y largo plazo para las administraciones públicas muchas veces se declama pero muy pocas veces es posible ponerla en práctica, difícil mostrar lo que todavía no se ve. Apostar a mirar un poco más allá de lo inmediato en materia de transporte y logística es el paso que el Gobierno bonaerense realiza en un contexto nacional dónde las decisiones en materia de puertos y vías navegables son cada vez más concentradas, aislando a las provincias y sus comunidades.

En febrero de 2026 se encuentra en trámite la licitación de la Vía Navegable Troncal, ofrecida al sector privado para su mantenimiento y modernización, por un plazo absolutamente indigno de veinticinco años y más. En su informe “Análisis revisado de los pliegos de la licitación de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y de la Plata” el Ingeniero Hernán Orduna sostiene una serie de falencias institucionales y técnicas de una gravedad inusitada, como la ausencia de control estatal sobre la futura concesión, la exclusión deliberada de las provincias ribereña, propietarias de los recursos navegables, los ríos, la ausencia de una policía ambiental general y, en para el caso de la provincia de Entre Ríos, una disminución temeraria de la relevancia del río Paraná Guazú, principal vía navegable por sus sus características de calado natural y condiciones de navegabilidad.

Frente al unitarismo del Estado nacional y la necesidad de afirmar el federalismo real y en los hechos, la participación de sectores productivos y actores públicos y sociales en instancias de debate y construcción de consensos es una forma de pensar lo que viene. Sin dudas, destacar decisiones como la analizada puede ser la base para seguir en el camino de sumar en colectivo.

Mg Juan Calvo

Investigador en Vías Navegables de la Cuenca del Plata.

Licenciado en Ciencia Política (USAL), Magíster en Defensa e Inteligencia Nacional (UNDEF/UNLP)

Ibicuy, Departamento Islas, Entre Ríos, 6 de Febrero de 2026