Lo peor del pasado reciente está de vuelta: Milei y la disolución de la AFIP

La historia de la recaudación fiscal en Argentina ha sido, desde hace décadas, un proceso en constante evolución, marcado por reformas orientadas a mejorar la eficiencia y transparencia (o lo ha intentado) en la administración de los recursos del Estado. En 1997, el gobierno de Carlos Menem implementó un cambio clave con la creación de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), unificando la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA). El objetivo era claro: centralizar funciones, profesionalizar la gestión y optimizar la recaudación fiscal y aduanera. Con errores y aciertos, la AFIP se ha consolidado como una herramienta fundamental para el control fiscal y la lucha contra la evasión impositiva.

Sin embargo, la gestión de Javier Milei se prepara para desmantelar este organismo, en un intento de implantar su visión económica libertaria (no liberal) que, lejos de aportar soluciones reales, amenaza con retrotraernos a un pasado de desregulación, ineficiencia y precarización. Recientemente se ha anunciado la disolución de la AFIP, bajo el pretexto de reducir el tamaño del Estado y "liberar" a la economía de la presión impositiva. Pero, detrás de estas promesas, se oculta una realidad devastadora: una nueva ola de despidos masivos, con miles de trabajadores que perderán su empleo, y un Estado que quedará sin herramientas para garantizar la recaudación de impuestos que son esenciales para sostener los servicios públicos.

La decisión del primer mandatario parece más una jugada ideológica que una propuesta técnica seria. En un país donde la evasión fiscal es una problemática crónica, la desaparición de un organismo como la AFIP no solo es irresponsable, sino también peligrosa. ¿Cómo se controlará la evasión de los grandes grupos económicos? ¿Qué organismo se encargará de fiscalizar a aquellos sectores que históricamente han evitado pagar lo que corresponde? Las respuestas de Milei a estas preguntas son vacías o inexistentes. Lo que sí está claro es que esta medida abrirá las puertas a una mayor informalidad y desfinanciará al Estado.

No es casual que este tipo de propuestas vengan acompañadas de promesas de ajustes brutales en el sector público. La gestión de Milei ya ha dejado en claro su intención de reducir drásticamente el empleo estatal, y el desmantelamiento de la AFIP es una señal inequívoca de que miles de trabajadores quedarán en la calle. La pregunta que debemos hacernos es: ¿A quién beneficia realmente esta medida? La respuesta es obvia: a los sectores más poderosos que verán eliminados los pocos controles que aún se mantenían sobre sus prácticas fiscales.

La AFIP, con todas sus falencias, ha sido un pilar fundamental en la lucha contra la evasión y la promoción de la justicia fiscal. La propuesta de Milei es un retroceso que nos devolverá a un país donde los grandes actores económicos podrán operar sin control alguno, mientras los trabajadores, la clase media y los sectores más vulnerables seguirán cargando con el peso de un Estado desmantelado.

Sin lugar a dudas, Milei no está proponiendo un cambio, está proponiendo un desastre.

Por Fernando Kosciukowicz 

Secretario de comunicación 

Consejo Unidad Básica PJ Ibicuy